(Extraído de Europa Press, 28 de abril)
El presidente del Gobierno y del PP,
Mariano Rajoy, ha encargado a Javier Arenas que reconduzca el malestar
que ha creado en las filas del partido el proyecto de reforma de la
administración local y que busque consensos en torno a una iniciativa
que el Gobierno prevé aprobar en junio.
Fuentes 'populares' han explicado a Europa Press que el equipo del
vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP ha recorrido una
treintena de provincias en los últimos meses para reunirse con los
dirigentes territoriales, alcaldes y concejales y debatir con ellos a
fondo la iniciativa.
Fue el propio Rajoy quien pidió a Arenas que trabajara para
rehacer el consenso dentro del partido, una labor que se ha llevado
adelante en coordinación con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, cuyo responsable, Cristóbal Montoro, mantiene
una buena sintonía con Arenas.
Hacienda ha recibido y estudia docenas de alegaciones presentadas
por las administraciones y organismos afectados por la reforma y ha
mantenido reuniones técnicas con buena parte de ellos. En paralelo,
Arenas ha tomado las riendas dentro del partido para difundir el
proyecto y escuchar también propuestas.
La iniciativa pasará a principios de mayo por la Comisión Nacional
de Administración Local (CNAL), en la que Hacienda trabaja junto a la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y una vez
incluidas todas las aportaciones, el texto se enviará al Consejo de
Estado. Las mismas fuentes han asegurado que se confía en que este
organismo ofrezca directrices claras sobre cómo aplicar la reforma.
Una vez transcurridos todos estos trámites el Consejo de Ministros
aprobará el anteproyecto y posterior proyecto de ley, que antes de
verano podría ser remitido al Congreso para su debate en el próximo
periodo de sesiones, a partir de septiembre.
Las fuentes 'populares' consultadas dan por imposible el acuerdo
con el PSOE, que, según dice, dirá 'no' en cualquier caso al proyecto
por una cuestión interna. Los socialistas llevan semanas reclamando al
Gobierno que retire el borrador que ha presentado y empiece a negociar
desde el principio si de verdad busca el consenso, pero el Ejecutivo
está dispuesto a aprobar esta reforma sin el PSOE, aseguran desde el PP.
UNA REFORMA POLÉMICA
La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno ha
ido perdiendo por el camino las pretensiones iniciales expresadas por el
propio Ejecutivo. Así ha ocurrido al menos en dos asuntos tan
llamativos como el número de concejales y las retribuciones de los
alcaldes, ya que se ha pasado de anunciar una eliminación del 30 por
ciento de ediles a no tocar ninguno y de rebajar a unos 70.000 euros los
sueldos máximos de los alcaldes a permitir que alcancen los 100.000
euros.
Ambos aspectos figuraban en el informe aprobado por el Consejo de
Ministros en julio del año pasado, pero desaparecieron en el borrador
aprobado en febrero.
El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comenzó a
trabajar en esta reforma nada más arrancar la legislatura, hace más de
un año, y ha mantenido negociaciones con todas las administraciones
territoriales, con la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y con la oposición, especialmente con el PSOE.
Conforme han avanzado los meses ha crecido sin embargo el malestar
incluso en las propias filas populares y no sólo entre alcaldes y
concejales, sino también en algunas comunidades autónomas y en las
diputaciones.
Entre los puntos principales de la reforma figura el
establecimiento de un coste estándar para los servicios públicos
municipales. Su cumplimiento determinará que un ayuntamiento pueda
mantener sus competencias o que deba cedérselas a una administración
superior, como las diputaciones, cuyo papel sale reforzado.
Además, se determinan las competencias propias de un ayuntamiento y
se obliga a traspasar a las comunidades autónomas los servicios en
educación y sanidad que aquellos han venido prestando, incluido el
presupuesto dedicado a ello. Por otro lado, y entre otros muchos
aspectos, si una autonomía quiere ceder a un municipio una competencia,
deberá obligatoriamente pagarla.
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