La reforma local costará a Andalucía más de 500 millones de euros
Un informe calcula que la propuesta del Gobierno perjudicará a más de tres millones de personas
El estudio considera que podrían verse afectados 54.000 puestos de trabajo
Extraído de El País (3/6/13)
La reforma de la administración local tendrá un alto coste y no solo
político. Si se consuman los planes del Gobierno, se verán afectados más
de tres millones de andaluces y el 89,6% de los municipios con menos de
20.000 habitantes: 691 pueblos que podrían perder sus competencias en
favor de las Diputaciones o de la Administración autonómica. Para la
Junta de Andalucía, la reforma supondrá, además, asumir servicios de
salud, educación y asistencia social que implicarán un coste adicional
de 503.403.000 euros, según un informe de la Consejería de
Administración Local.
La propuesta de
Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
no gusta ni a Ayuntamientos ni al Gobierno autónomo. Para la mayoría de
municipios y la Junta, la propuesta del Gobierno supone una
recentralización y la pérdida de poder local a favor del Ejecutivo de
Madrid, así como un alejamiento de la gestión del ciudadano,
destinatario de los servicios.
Con el argumento de eliminar duplicidades y racionalizar costes, la
reforma propone que las Comunidades asuman lo que denomina como
"competencias impropias", aquellas que el Gobierno considera que ahora
prestan los municipios pero que corresponden a los Ejecutivos
autonómicos.
Una de estas competencias sería la limpieza, mantenimiento,
vigilancia y obras en los colegios de infantil, primaria y especial en
un plazo de cinco años, una medida que, según el informe de la Junta,
supondría un coste para Educación de 330.146.145.
En los consultorios locales de la red de centros atención primaria de
Salud también se tendría que hacer cargo la Junta de limpieza,
seguridad y mantenimiento.
Según la propuesta de modificación legal, los pueblos
quedarían en el área social como meros evaluadores e informadores
de "situaciones de necesidad", aunque sí actuarían para la "atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social".
Para los servicios sociales, el presupuesto andaluz reserva ya 464, 5
millones de euros: más de 13 millones para drogodependencia, casi 43
para servicios sociales comunitarios, 376,5 para ayuda a domicilio, 20
para el refuerzo de la aplicación del sistema de dependencia y más de 10
para menores. Sin embargo, la aplicación de la nueva norma local
obligaría a dotar el sistema de asistencia con otros 173.257.000 euros.
Esta cantidad crecería con los programas que prestan los municipios
mediante convenios con Igualdad, Salud, Dependencia, Vivienda o Consumo.
Además, según el informe de la Junta, correrían peligro 14.000
empleos que dependen de las administraciones locales y que trabajan en
el ámbito de los servicios locales, donde aportan conocimiento directo
de la realidad local y acceso ágil y rápido a los servicios.
En el resto de ámbitos, el desempleo afectaría a 40.000 personas por
la pérdida de competencias y las privatizaciones de servicios. En este
sentido, el texto de la reforma admite las intenciones de favorecer "la
iniciativa económica privada".
La norma prevé la fijación de un coste estándar de los servicios sin
tener en cuenta las características de cada municipio y la
obligatoriedad de sujetarse al mismo. Estos dos criterios servirán para
favorecer, cuando no forzar, la privatización de servicios. De estas
actuaciones de delegación de competencias en manos privadas ya hay
experiencias con las concesiones de la gestión de agua. Luis Babiano,
gerente de la
asociación de operadores públicos Aeopas,
alerta sobre las consecuencias de estas medidas y ante la facilidad,
amparada por la nueva norma, para restringir el poder local en los
pueblos menores de 5.000 habitantes. "Si un municipio no puede prestar
sus servicios mínimos o está intervenidos, ¿podemos concluir que sigue
existiendo?", se pregunta.
